Las palabras no son inocentes

Las palabras elegidas en el auto de procesamiento de Pablo Llarena nos hablan de la intencionalidad del autor de doblar los hechos para que se ajusten al molde de la rebelión. La forma de referirse a los participantes en las movilizaciones sociales es paradigmática. Se dice que tenían una determinación violenta. Se habla de un fanatismo violento. Se les cataloga como muchedumbre. Reducir el compromiso político de miles de personas a una simple abundancia y multitud de personas es una manera de convertir a los sujetos políticos en masa informe fácilmente manipulable. Esta manipulación sobrevuela toda la argumentación de Llarena al tratar a los ciudadanos como muchedumbre que dirige y moviliza la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. No es que una amplia parte de la población catalana sea favorable a la celebración de un referéndum, que les permita decidir su relación con el Estado español, y que se moviliza para conseguir una meta política sino que la convierte en un mero instrumento por parte de aquellos a los que se quiere acusar. La muchedumbre como cosa no pensante.

Las personas son un elemento de la ecuación que incomoda al estado español. Las personas que quieren decidir sobre su propia forma de gobierno apuntan de forma directa a la idea de democracia que es, precisamente, aquello que el gobierno español dice que está amenazada. Conjurar esta contradicción empuja al estado a convertir a esas personas en cosas manipuladas, fanáticas y violentas sobre las cuales se puede ejercer la represión y la violencia. Allana el camino convertir a tu oponente en un fanático y lo complica si lo respetas como sujeto político. Esta consideración de las personas es profundamente reaccionaria y antidemocrática al negarles la posibilidad de ejercer la esencia de la democracia: poder decidir. Llarena las convierte en agresoras recogiendo en el auto veintiuna situaciones en las que policías nacionales y guardias civiles fueron agredidos, sufrieron lesiones o se causaron daños en su material. Sujetos políticos que defienden poder decidir se transforman de esta manera en violentos que participan en revueltas. Neutralizados. O esa es la intención.

Tal y como ocurriría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire. Es difícil que esta frase encuentre acomodo en los hechos de los últimos meses en Catalunya pero Llarena lo consigue cuando hace referencia a la movilización del 20 de septiembre de 2017. Esta alusión al 23F no es gratuita ya que el estado pretende enmarcar los hechos como un golpe de estado. Todos los agentes implicados en imponer este relato insisten en llamar golpistas a los dirigentes catalanes acusados de rebelión. Lo han hecho muchos políticos conservadores como Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso, o Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, y numerosos periodistas y medios de comunicación como El Mundo o El País.  La intención es clara. Crear un estado de opinión favorable que permita implementar medidas represivas ejemplarizantes. Aunque para ello salte por los aires la presunción de inocencia. Asociar la desobediencia democrática catalana al golpe de estado del 23F permite equiparar al pueblo que quiere tener el poder de decidir sobre asuntos públicos de interés a los que pegan tiros al aire con la intención de restaurar regimenes totalitarios. Es un disparate muy efectivo. Y muy coordinado.

El grito de ¡No pasarán!, que simboliza la resistencia del pueblo madrileño a las tropas fascistas de Francisco Franco, se convierte en la determinación mostrada en la guerra civil. Se pervierte su sentido y se transforma en una prueba más para demostrar que Jordi Cuixart, en este caso, incitó a la violencia el 20 de septiembre. Pero además se menciona expresamente la guerra civil, concebida como un enfrentamiento entre españoles, lo cual permite que se pueda asociar lo que sucede en Catalunya con un nuevo enfrentamiento provocado por aquellos a los que se acusa de utilizar la violencia para conseguir sus fines. Se recurre así a una forma expresiva vinculada a la lucha contra el fascismo como un ejemplo de la violencia ejercida lo cual podría ser coherente con una mirada sobre la guerra civil en la que aquellos que gritaban ¡No pasarán! fueran los agresores contra los que había que luchar. De esta manera las palabras y frases utilizadas por el juez Llarena trascienden el lenguaje jurídico y se empapan de ideología y de tendenciosidad. Las palabras, en este caso, no son inocentes.

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