Batalla de relatos

Hace menos de un mes murió Martin McGuinness, ex viceprimer ministro de Irlanda del Norte. Además fue miembro del IRA, ocupando cargos relevantes en la organización, e impulsor del Acuerdo de Belfast que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte en 1998. Estuvo implicado en acciones terroristas pero esto no impidió que, en su posterior apuesta por la paz y en la defensa política de su ideario a través del partido político Sinn Féin, consiguiera ocupar uno de los más altos cargos de gobierno de su país. En el Estado Español Bildu consiguió aglutinar a una gran parte de la izquierda abertzale, anteriormente proclive a la lucha armada, para abandonar la violencia y perseguir sus objetivos utilizando las herramientas legales que le permite el sistema. Este cambio les permitió gobernar en numerosas localidades de Euskal Herria, entre ellas ciudades como San Sebastián, tras las elecciones municipales de mayo de 2011. Cinco meses después ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. Los medios de comunicación ponen el acento en la respuesta policial como motivo del fin de la violencia y obvian el papel fundamental de la sociedad vasca, que consiguió erradicar la violencia de lo cotidiano y encaminar la lucha legítima por la independencia por una vía exclusivamente política. Esta realidad, que se venía modelando desde finales del siglo XX, permitió la aparición de partidos como Bildu y Sortu que se desmarcaron de la violencia y defendieron sus posiciones políticas en el parlamento y en los plenos de los ayuntamientos. La normalidad de un país se encuentra en la participación política y la erradicación de la violencia y esto se consiguió definitivamente en el inicio de la segunda década del siglo XXI.

Todavía pasarán muchos años para que un ex miembro de ETA pudiera ocupar un alto cargo en el gobierno de su país como ocurrió con McGuinness. Una probabilidad que va en paralelo a la reflexión sobre décadas de violencia y, fundamentalmente, por la prevalencia de la vía democrática y pacífica. El terror provocado por el conflicto vasco ha generado dolor, rabia y frustración y es necesario modular estos sentimientos para consolidar la paz y la convivencia pacífica. Las emociones sonnaturales pero su permanencia en el tiempo se convierten en un problema para quienes las sienten pero también para la sociedad si consiguen mediatizar las decisiones políticas, judiciales y policiales. Sin olvidar la capitalización y el uso partidista del dolor que desgraciadamente hemos contemplado en este tiempo y que suponen una falta de respeto para las víctimas. Las emociones se deben canalizar de tal manera que permitan vivir en paz y arrinconen la venganza. La reconciliación implica conciliar miradas diferentes bajo unas reglas en la relación que permitan defender posicionamientos ideológicos opuestos basados en el poder argumental. No se puede regresar al pasado y evitar las muertes y el sufrimiento generados por lo que tenemos que aprender a vivir con ellos y ayudar y apoyar a aquellos que lo sufrieron directamente. Un apoyo desde el punto de vista emocional y psicológico, que nos permita compartir lo que sienten. Ahora, se debe empezar a marcar una línea divisoria clara entre lo que es el respeto al dolor y el sufrimiento de las víctimas y las decisiones políticas que permitan avanzar en la consolidación de lo que tanto ha costado conseguir.

Estas decisiones políticas deben apuntar a una revisión y cambio de la legislación construida ad hoc para luchar contra el terrorismo, que supuso la restricción de derechos y libertades fundamentales, y del régimen penitenciario. Este proceso ayudaría a la normalización y consolidación de la vía democrática y pacífica y supondría una rectificación a una lucha en la que no importaron los medios para conseguir el fin que se buscaba a costa del estado de derecho y de la democracia. No tiene que ver con que “ganan los terroristas” sino con la implantación de una legalidad más acorde con la idea de democracia en la que, por ejemplo, los derechos penitenciarios se apliquen por igual, en función de criterios justos, y no se apliquen excepcionalidades que supongan limitaciones a los derechos y libertades de los presos. Los medios con los que se consigue un objetivo sí son importantes. Si un gobierno que se considera garante de las libertades y derechos de sus conciudadanos utiliza medios que atentan contra esos derechos pone en cuestión su propia naturaleza. Este cambio necesario se enfrenta a imponentes obstáculos que han demostrado ser muy eficaces a lo largo del tiempo imponiendo una línea de acción dirigida a contentar a los sectores más reaccionarios y rigoristas. Los planteamientos que han prevalecido son aquellos que se han situado en los límites de la legalidad, rebasándolos en numerosas ocasiones, alentados por una derecha extremista muy sensible a las ideas independentistas. Una mentalidad dirigida a la derrota sin paliativos, vengativa y tendente a la humillación es uno de los grandes enemigos de la estabilidad. Esta dinámica, que sigue viva, forma parte del problema y no de la solución. Un cambio de sentido se convierte, de esta manera, en imprescindible.

El cese de la actividad armada y el desarme unilateral desembocarán en la necesaria disolución de ETA. Se abre un nuevo escenario donde la batalla se trasladará al relato que prevalecerá sobre lo ocurrido. De hecho, ya estamos en la construcción de narrativas. El Partido Popular busca la derrota sin paliativos, sin fisuras, mostrando una posición de firmeza e inflexibilidad. Las alabanzas van dirigidas al Estado de derecho, a la democracia y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin mencionar la importancia de la sociedad civil. Los medios de comunicación acompañan este relato. El editorial de El País del 9 de abril de 2017 se tituló No equivocar el relato y hacía mención a que el Estado de derecho ha triunfado sobre el terrorismo o a que la democracia acabó venciendo al terror. Cuestionar este relato podría ser considerado enaltecimiento del terrorismo por algunas asociaciones y determinados jueces. Y es que es cuestionable porque la lucha contra el terrorismo colocó al Estado de derecho contra las cuerdas. El relato sobre lo ocurrido no puede obviar las torturas, ni el GAL y otros grupos paramilitares, la criminalización e ilegalización desde la teoría del entorno, la dispersión de los presos y otras medidas que han desembocado en no pocas ocasiones en la vulneración de derechos fundamentales. Este Estado de derecho triunfante utilizó métodos impropios de una democracia por lo que difícilmente la democracia acabó venciendo al terror. Más bien quedó malherida y por ello el reconocimiento y la reparación de estas acciones tienen que formar parte del relato que prevalezca. La violencia sacó de todos lo peor que teníamos. De esta manera la reflexión serena sobre la violencia en un contexto de paz ha de ser ineludible. No debemos amedrentar el debate con la criminalización de determinadas posturas que no casan con el extremismo de los que todavía funcionan bajo los parámetros propios de un contexto de violencia.

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